Igualdad ante la ley

1 11 2012

Una España de privilegios tiene que dar paso a otra de igualdad de oportunidades pero también de exigencias y responsabilidades ante la ley.
La reforma del código penal que ha anunciado el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que hará a las organizaciones politicas y sindicales responsables subsidiarias de los delitos que comentan los miembros de sus organizaciones si han sido consentidos o promovidos por sus dirigentes, debería haberse hecho hace muchos años porque era una vergüenza que estuvieran exentos de sanción.
Casi todos los casos a los que afectará a partir de ahora esta reforma tedrán que ver con asuntos económicos, aunque algunos de ellos pueden estar relacionados con temas penales, porque algunos de los escándalos que todos recordamos y que parece que quieren sustanciarse con condenas o sanciones individuales tienen detrás de sí a toda una organizacion politica o sindical.
¿Quién estaba detrás del caso FILESA? ¿El Partido socialista o algunos militantes individuales que por su cuenta bicieron trampa y organizaron una trama ilegal para financiar al partido? ¿ Quién está detrás de la rama Gürtell? ¿Un golfo llamado Correa y algún diputado autonómico o algún alto responsable político del Partido Popular? ¿Quién está detrás de los ERES de Andalucía? ¿El ex director general de trabajo de la Junta que con su chófer se gastaba parte del dinero en putas y cocaína o los máximos dirigentes del gobierno de Griñán?
¿Quién está detrás del caso Palau, el golfo señor Millet o los líderes de Convergencia de Catatuña? ¿Y detrás de las golferías de los sindicatos, de sus acciones violentas los días de huelga, o de los robos menores y amenazas a los empleados de los supermercados que asaltan Sánchez Gordillo y sus secuaces?
Aquí cualquier ciudadano o empresa privada responde subsidiariamente de los desvaríos de quienes dependen de ellos y ya era hora de que las organizaciones subvencionadas con nuestros impuestos no se laven las manos y miren para otro sitio cada vez que, en su propio beneficio y con su consentimiento alguien de su organización comete un delito.
UGT ya ha protestado. por algo será