justicia gratuita

23 11 2012

Yo tengo la sensación de que en el gobierno hay ministros que procuran pasar inadvertidos porque piensan que tal como está el patio lo mejor que pueden hacer es evitar meter la pata, y en cambio hay otro que no se resigna a no pasar a la historia, y ése es Alberto Ruiz Gallardón.
El ministro de justicia, que por cierto eNnn’gnjnnns o era uno de los más valorados del gabinete de Mariano Rajoy , no esconde la cabeza en tiempos de crisis y toma decisiones que aunque cabrean al personal él entiende que son reformas legislativas necesarias para modernizar la justicia. Lo único que se le olvida es que su trabajo debe tender a construir consensos porque las leyes son para todos y no es bueno dividir a la sociedad en temas trascendentes.
Paso por alto las modificaciones anunciadas en relación a la ley del aborto o al matrimonio homosexual porque de lo que hoy toca hablar es de la subida de las tasas judiciales para los querellantes en segunda instancia, que podrían suponer tener que pagar hasta 750 euros, que es una cantidad de la que no todo el mundo dispone.
Gallardón ha conseguido casi la unanimidad en el rechazo de esta norma, tanto entre asociaciones judiciales, y representantes institucionales del mundo de la justicia, como de algun compañero suyo de partido. Yo le otorgo el beneficio de la duda y de la buena voluntad al ministro, pero no el de la oportunidad. El gobierno ya tiene demasiados problemas como para meterse en más charcos que deterioren su imagen, y cobrar por la administracción de la justicia huele muy mal.
El gobierno en momentos de crisis no debe poner tasas o aumentarlas en los servicios públicos porque el discurso social se deteriora y la imagen de un partido que favorece a los ricos es demoledora.
Todo lo que aparezca como un nuevo impuesto a quienes menos tienen es letal, y deberían saberlo.





Igualdad ante la ley

1 11 2012

Una España de privilegios tiene que dar paso a otra de igualdad de oportunidades pero también de exigencias y responsabilidades ante la ley.
La reforma del código penal que ha anunciado el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que hará a las organizaciones politicas y sindicales responsables subsidiarias de los delitos que comentan los miembros de sus organizaciones si han sido consentidos o promovidos por sus dirigentes, debería haberse hecho hace muchos años porque era una vergüenza que estuvieran exentos de sanción.
Casi todos los casos a los que afectará a partir de ahora esta reforma tedrán que ver con asuntos económicos, aunque algunos de ellos pueden estar relacionados con temas penales, porque algunos de los escándalos que todos recordamos y que parece que quieren sustanciarse con condenas o sanciones individuales tienen detrás de sí a toda una organizacion politica o sindical.
¿Quién estaba detrás del caso FILESA? ¿El Partido socialista o algunos militantes individuales que por su cuenta bicieron trampa y organizaron una trama ilegal para financiar al partido? ¿ Quién está detrás de la rama Gürtell? ¿Un golfo llamado Correa y algún diputado autonómico o algún alto responsable político del Partido Popular? ¿Quién está detrás de los ERES de Andalucía? ¿El ex director general de trabajo de la Junta que con su chófer se gastaba parte del dinero en putas y cocaína o los máximos dirigentes del gobierno de Griñán?
¿Quién está detrás del caso Palau, el golfo señor Millet o los líderes de Convergencia de Catatuña? ¿Y detrás de las golferías de los sindicatos, de sus acciones violentas los días de huelga, o de los robos menores y amenazas a los empleados de los supermercados que asaltan Sánchez Gordillo y sus secuaces?
Aquí cualquier ciudadano o empresa privada responde subsidiariamente de los desvaríos de quienes dependen de ellos y ya era hora de que las organizaciones subvencionadas con nuestros impuestos no se laven las manos y miren para otro sitio cada vez que, en su propio beneficio y con su consentimiento alguien de su organización comete un delito.
UGT ya ha protestado. por algo será