los consejos no salen gratis

9 11 2012

El bufete de abogados que representa a los accionistas de Bankia va a presentar una reclamación patrimonial contra el Banco de España por haber permitido que saliera a bolsa un banco en quiebra.

La labor de supervisión del Banco público ha fallado de forma incomprensible y por supuesto irresponsable y no es de recibo que una entidad de ese prestigio haya dado el visto bueno a una operación que implicaba un fraude a quienes acudieron a bolsa a comprar acciones de Bankia.

Mientras tanto están pasando por la audiencia nacional los distintos consejeros de esta entidad imputados por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. En total van a desfilar por el despacho del juez, Rodrigo Rato y 32 consejeros, y por lo que se viene oyendo hasta ahora de sus declaraciones,  ninguno tenía estudios económicos ni conocimientos financieros. Eso no es argumento que les exima de responsabilidad porque si estaban listos para cobrar entre 200 y 300.000 euros también debían estarlo para velar por el estricto cumplimiento de las normas de buen gobierno.

Ya sabíamos que políticos de todos los partidos y sindicalistas se sentaban en el consejo de las distintas cajas de ahorro para decir que sí a lo que le propusiesen “los de arriba” y por ser la voz de su amo, pero cuando uno cobra por hacer un trabajo no puede escudarse en que no estaba preparado para ese cometido. Es razonable pensar que sí sabían lo que ocurría y qué decisiones se tomaban y que ellos avalaban con sus firmas. Las Cajas de Ahorros controladas por los políticos que se repartían cuotas de representación para colocar a los suyos, han financiado proyectos inviables desde un punto de vista económico,  pero muy rentables desde una perspectiva electoral.

En Bankia demasiados pequeños ahorradores se han quedado sin nada para que al final resulte que nadie tuvo la culpa.





Igualdad ante la ley

1 11 2012

Una España de privilegios tiene que dar paso a otra de igualdad de oportunidades pero también de exigencias y responsabilidades ante la ley.
La reforma del código penal que ha anunciado el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que hará a las organizaciones politicas y sindicales responsables subsidiarias de los delitos que comentan los miembros de sus organizaciones si han sido consentidos o promovidos por sus dirigentes, debería haberse hecho hace muchos años porque era una vergüenza que estuvieran exentos de sanción.
Casi todos los casos a los que afectará a partir de ahora esta reforma tedrán que ver con asuntos económicos, aunque algunos de ellos pueden estar relacionados con temas penales, porque algunos de los escándalos que todos recordamos y que parece que quieren sustanciarse con condenas o sanciones individuales tienen detrás de sí a toda una organizacion politica o sindical.
¿Quién estaba detrás del caso FILESA? ¿El Partido socialista o algunos militantes individuales que por su cuenta bicieron trampa y organizaron una trama ilegal para financiar al partido? ¿ Quién está detrás de la rama Gürtell? ¿Un golfo llamado Correa y algún diputado autonómico o algún alto responsable político del Partido Popular? ¿Quién está detrás de los ERES de Andalucía? ¿El ex director general de trabajo de la Junta que con su chófer se gastaba parte del dinero en putas y cocaína o los máximos dirigentes del gobierno de Griñán?
¿Quién está detrás del caso Palau, el golfo señor Millet o los líderes de Convergencia de Catatuña? ¿Y detrás de las golferías de los sindicatos, de sus acciones violentas los días de huelga, o de los robos menores y amenazas a los empleados de los supermercados que asaltan Sánchez Gordillo y sus secuaces?
Aquí cualquier ciudadano o empresa privada responde subsidiariamente de los desvaríos de quienes dependen de ellos y ya era hora de que las organizaciones subvencionadas con nuestros impuestos no se laven las manos y miren para otro sitio cada vez que, en su propio beneficio y con su consentimiento alguien de su organización comete un delito.
UGT ya ha protestado. por algo será





a río revuelto

4 10 2012

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos proclama que ninguna ley federal puede limitar el derecho a la libertad de expresión porque en ese principio se fundamentan el resto de las libertades y además permite que los ciudadanos estén informados y  tengan elementos de juicio suficientes a la hora de elegir a sus representantes.

Yo en ese sentido me siento ciudadano norteamericano porque, aunque hay otras muchas cosas que me repelen de aquel país (por ejemplo la vigencia de la pena de muerte), creo que tienen muy claro que protestar contra los poderes públicos forma parte del ejercicio normal de las libertades ciudadanas.

Digo esto , como tesis incuestionable, porque en estos momentos en España se ha abierto un debate sobre si el gobierno quiere limitar las libertades de los ciudadanos controlando el derecho de manifestación que es una forma de expresión de un estado de ánimo, y honradamente creo que hay quienes están interesados en interpretar parcialmente un asunto que merece ser analizado sin confundir a la gente.

Yo no creo en absoluto que hay en España ningún poder público que quiera acabar con ninguna de las libertades que venimos ejerciendo desde que recuperamos la democracia. Quienes se empeñan en afirmar eso mienten y saben que mienten, porque no hay poder suficiente para conseguirlo ni gobiernos suicidas para pretenderlo.

En todos los países democráticos la gente manifiesta  su malestar  y en esos mismos países los gobiernos ejercen el derecho a que las manifestaciones transcurran en paz y sin que se lesionen otros derechos ciudadanos. La imagen de los bobbies ingleses acompañando a los manifestantes por las calles con la doble misión de garantizar su derecho y al mismo tiempo impedir que se conculquen otros es sobradamente conocida y es ejemplo de modernidad.

En España hay razones sobradas para manifestarse y protestar,  y entre quienes ejercen ese derecho están los miles de ciudadanos que no aguantan más recortes y los miles de oportunistas profesionales que nunca han dejado de practicar el interesante principio de “a rio revuelto ganancia de pescadores”.